El reciente pronunciamiento del presidente López Obrador sobre la liberación de los ocho militares involucrados en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa es, sin duda, uno de los episodios más polémicos y reveladores de su mandato. En lugar de centrar su atención en las acciones concretas que el gobierno podría tomar para garantizar la justicia, el presidente ha optado nuevamente por un discurso que dista mucho de ser el reflejo de un liderazgo comprometido con la verdad y la reparación del daño. Este tipo de actuaciones no solo es un obstáculo para la justicia, sino que también refleja la total ineptitud del gobierno para avanzar en un caso que aún persiste como una de las mayores vergüenzas de la historia reciente del país.
En primer lugar, es importante reconocer que el caso Ayotzinapa sigue siendo un doloroso recordatorio de la falta de voluntad y acción por parte de las instituciones del Estado para garantizar justicia. El caso está plagado de irregularidades, encubrimientos y una administración de justicia que ha favorecido la impunidad. Sin embargo, la postura adoptada por López Obrador no es la de un presidente que busca soluciones, sino la de un político que usa este caso como un arma discursiva en su lucha constante contra los poderes que considera adversarios. Al criticar al Poder Judicial por la liberación de los militares, en lugar de exigir responsabilidades a los responsables del crimen y demostrar una real preocupación por la reparación del daño, el presidente parece más interesado en fortalecer su narrativa de “buenos” y “malos”, en la que él siempre aparece como el defensor del pueblo frente a las instituciones que le son incómodas.
Es lamentable que, después de tantos años de lucha, las víctimas de Ayotzinapa sigan siendo instrumentalizadas como simples piezas dentro de un tablero político. La crítica de López Obrador al Poder Judicial, si bien es legítima en cuanto a la denuncia de la impunidad, se convierte en una distracción de su propia inacción. En lugar de realizar reformas estructurales en el sistema judicial que verdaderamente permitan un cambio en la justicia, el presidente se dedica a culpar a aquellos que, en su visión, no se alinean con su agenda. ¿Dónde están las políticas concretas para garantizar que los responsables de la desaparición de los estudiantes sean llevados ante la justicia? ¿Dónde están los esfuerzos reales para terminar con la impunidad que ha permitido que actores del Estado permanezcan fuera del alcance de la ley?
Lo que es aún más grave es el aprovechamiento político de la tragedia. López Obrador ha convertido el caso Ayotzinapa en un tema recurrente de su discurso político, no tanto para asegurar que se haga justicia, sino para seguir alimentando la narrativa de que su gobierno es el único dispuesto a enfrentar al sistema corrupto que, según él, domina las instituciones del país. Pero esta retórica no ayuda a las familias de los 43 estudiantes desaparecidos ni a las víctimas de la violencia estructural en México. De hecho, contribuye a la frustración y la desconfianza, ya que no se ven avances concretos en la búsqueda de justicia, sino solo un presidente más preocupado por mantener una imagen de lucha que en tomar las decisiones correctas y necesarias.
Si realmente se quiere hacer justicia en el caso Ayotzinapa, es fundamental que el presidente y su gobierno dejen de usar el dolor y el sufrimiento de las víctimas como una herramienta política y se centren en las acciones que permitan, de una vez por todas, que los responsables paguen por sus crímenes. México necesita un presidente que impulse una reforma judicial efectiva, que fortalezca las instituciones para que actúen de manera independiente y sin presiones externas, y que asegure que la justicia no sea un favor, sino un derecho para todos.
Lamentablemente, lo que vemos en este momento es un presidente que prefiere el discurso fácil, que ataca a un Poder Judicial que no se ajusta a sus expectativas políticas, sin asumir su responsabilidad en el avance real de la justicia. La impunidad sigue reinando, no solo por la incompetencia de las instituciones, sino también por la utilización política de un dolor que aún no encuentra justicia.