La reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de declarar inconstitucional la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica es, sin lugar a dudas, un golpe crítico para la administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Este fallo no solo pone en evidencia las limitaciones de su visión energética, sino que también subraya el riesgo que implica un enfoque centralista y proteccionista en un país que busca equilibrar desarrollo económico con sostenibilidad.
El problema del centralismo energético
La propuesta gubernamental pretendía fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en detrimento de la competencia. Bajo el pretexto de la “soberanía energética”, se buscaba devolverle el monopolio virtual a una empresa estatal que, pese a su relevancia histórica, ha demostrado ser ineficiente, costosa y poco preparada para las demandas del siglo XXI. Esto va en contracorriente con las tendencias globales, donde la apertura a energías limpias y la colaboración público-privada son pilares fundamentales del progreso.
La decisión de la SCJN de frenar esta reforma es un recordatorio de que las instituciones están diseñadas para proteger los principios de la Constitución, incluida la libre competencia. Sin embargo, también evidencia cómo el gobierno ha intentado empujar su agenda a través de reformas que, a todas luces, violan derechos fundamentales y ponen en peligro el desarrollo sostenible.
Costos para el país
El daño no es solo jurídico; es económico y reputacional. México, en un contexto de transición energética global, necesita atraer inversión extranjera, pero la narrativa oficial de hostilidad hacia los privados ha alejado a actores clave del sector. Empresas que apostaban por proyectos de energía renovable han optado por pausar inversiones o incluso retirarse del país, dejando a México rezagado en sus compromisos ambientales.
Además, el mensaje que envía el gobierno es preocupante: la prioridad no es la calidad del servicio ni la innovación tecnológica, sino preservar una visión ideológica que glorifica un pasado que ya no es viable. Este enfoque afecta directamente a los ciudadanos, quienes pagan tarifas más altas y enfrentan un servicio menos confiable.
Una administración enfrentada con los contrapesos
Este fallo también refleja el creciente aislamiento del gobierno actual respecto a los demás poderes. AMLO, lejos de tomarlo como una oportunidad para replantear su estrategia, probablemente lo usará para reforzar su narrativa de “enemigos del pueblo”. La SCJN, que simplemente cumple con su deber constitucional, será tachada de cómplice de las élites, en un discurso que intenta polarizar aún más al país.
El camino que no se tomó
Es difícil no preguntarse qué habría sido posible si el gobierno hubiera optado por fortalecer la CFE mediante alianzas estratégicas con el sector privado y un enfoque en energías renovables. En lugar de ello, el gobierno eligió aferrarse a un modelo obsoleto, ignorando las oportunidades que ofrece la innovación y el mercado global.
Reflexión final
La declaración de inconstitucionalidad de esta reforma es, en esencia, una victoria para la Constitución y el estado de derecho, pero también un recordatorio de los errores de una administración que prioriza el dogma sobre el pragmatismo. México no puede permitirse más tropiezos en un sector tan estratégico como el energético. Es hora de que el gobierno deje de lado su visión nostálgica y tome decisiones que realmente beneficien al país y a su futuro. ¿Lo hará? Si los últimos cinco años son un indicativo, la respuesta lamentablemente parece ser “no”.