La semana pasada escribí sobre el peligro latente de la violencia política en México, marcada por los asesinatos de Joaquín Martínez López y Antonio Crespo Bolaños. Ahora, una nueva tragedia parece confirmar esas preocupaciones: el ataque armado contra Jesús Corona Damián, candidato de la oposición a la alcaldía de Cuautla, Morelos. Este incidente, que afortunadamente no cobró su vida, es una muestra escalofriante de cómo la democracia mexicana está siendo asediada por las balas.
El vehículo del candidato fue blanco de un tiroteo un día después de recibir amenazas directas para que abandonara la contienda electoral. Este hecho no es un caso aislado, sino un capítulo más en la creciente violencia política que pone en riesgo no solo a los candidatos, sino también a la credibilidad de nuestras elecciones y, en última instancia, a la estabilidad de nuestras instituciones democráticas.
Un país que permite el terror político
En menos de dos semanas, hemos sido testigos de asesinatos de políticos, amenazas y ahora un intento de homicidio directo contra un candidato. Esto no es solo un síntoma de la inseguridad generalizada, sino un reflejo de cómo el crimen organizado y otros actores violentos están dictando las reglas del juego político en México.
La impunidad sigue siendo el principal combustible de esta violencia. ¿Cuántos casos de asesinatos políticos han resultado en justicia plena? Muy pocos, si acaso alguno. Los responsables rara vez son identificados, y cuando lo son, las investigaciones se estancan en un mar de burocracia y complicidad. Cada ataque que queda impune envía un mensaje claro: el poder no se gana en las urnas, se arrebata con amenazas y armas.
El silencio del gobierno
La respuesta de las autoridades ante esta crisis es, en el mejor de los casos, tibia. Los discursos de condena y las promesas de investigaciones “hasta las últimas consecuencias” no bastan. Este ataque debería ser un llamado urgente a la acción, pero el gobierno parece más preocupado por minimizar el problema que por enfrentarlo de frente.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha insistido en que su estrategia de seguridad está funcionando, pero la realidad contradice sus palabras. La violencia política no solo persiste, sino que se intensifica, y el gobierno parece incapaz —o peor, indiferente— de detenerla. Cada ataque a un político es un recordatorio de que el Estado ha perdido el control de amplias regiones del país.
El costo de la violencia política
Más allá del daño físico y emocional que sufren los candidatos y sus familias, la violencia política tiene consecuencias profundas para la democracia. Cada amenaza, cada balazo, desalienta la participación política y debilita la confianza de los ciudadanos en el proceso electoral. ¿Cómo se puede hablar de elecciones libres y justas cuando los candidatos temen por su vida y los votantes desconfían del sistema?
Además, esta violencia no afecta a todos por igual. Los políticos de oposición y aquellos que se atreven a desafiar intereses establecidos suelen ser los blancos principales. Esto crea un ambiente donde el crimen organizado y los caciques locales tienen un poder desproporcionado sobre el destino de nuestras comunidades.
Una democracia en ruinas
El ataque contra Jesús Corona Damián no es solo un intento de silenciar a un candidato; es un ataque directo a la democracia misma. Cada vez que permitimos que la violencia defina quién puede o no participar en la vida política, damos un paso más hacia la normalización de un sistema donde las balas pesan más que los votos.
La semana pasada advertí sobre los riesgos de esta violencia creciente, y ahora vemos cómo esas advertencias se convierten en realidad. No podemos seguir aceptando esto como parte de la “normalidad” política en México. Es hora de exigir no solo condenas verbales, sino acciones concretas para proteger a los candidatos, sus familias y, en última instancia, a la democracia.
Reflexión final: ¿hasta cuándo?
El ataque contra Jesús Corona Damián debe ser un punto de inflexión. Si las autoridades no toman medidas inmediatas y contundentes para detener esta ola de violencia, el costo no será solo político, será humano. Cada candidato silenciado, cada comunidad aterrorizada, cada elección empañada por el miedo es una derrota para México.
No podemos permitir que esta sea la herencia de nuestras generaciones. Es momento de exigir justicia, no solo para Jesús Corona Damián, sino para todos los que han sido víctimas de la violencia política. Porque si no lo hacemos, estaremos condenando a nuestro país a una democracia secuestrada por el terror.