La democracia secuestrada: el caso Cabeza de Vaca y el abuso del Tribunal Electoral

La democracia secuestrada: el caso Cabeza de Vaca y el abuso del Tribunal Electoral

Un tribunal que actúa como brazo político

La decisión del Tribunal Electoral de anular la candidatura de Francisco García Cabeza de Vaca no solo es una afrenta contra él como individuo, sino contra los principios más fundamentales de la democracia. Este fallo, disfrazado de imparcialidad, revela un preocupante injerencismo por parte de los ministros que votaron a favor de revocar su participación, marcando un punto de quiebre en el respeto a los derechos humanos y las normas electorales.

En una democracia verdadera, las elecciones son el espacio donde los ciudadanos, no las instituciones, deciden quiénes los representarán. Sin embargo, el Tribunal Electoral ha actuado como juez y parte, excediendo sus atribuciones al intervenir en un proceso electoral que debería estar en manos del pueblo. Este tipo de decisiones no solo siembran desconfianza en las instituciones, sino que también establecen un peligroso precedente: solo podrán participar aquellos que no incomoden al poder establecido.

Es evidente que esta no es una decisión jurídica; es una decisión política. Los ministros que votaron en contra de la candidatura han transformado al Tribunal en un instrumento de control, asegurándose de que quienes buscan competir contra el oficialismo tengan todos los obstáculos posibles. Este tipo de actuaciones mina la credibilidad de una institución que debería ser garante de la democracia, no su verdugo.

Al revocar la candidatura de Cabeza de Vaca, el Tribunal Electoral no solo ha vulnerado los principios democráticos, sino también los derechos humanos de un ciudadano. La presunción de inocencia, un pilar del estado de derecho, ha sido ignorada por completo. En lugar de permitir que sea el electorado quien evalúe las propuestas y el historial de los candidatos, los ministros han decidido prejuzgar y descalificar de manera arbitraria.

México necesita urgentemente un sistema electoral que respete la voluntad popular y garantice que las instituciones operen dentro de sus límites. El Tribunal Electoral debe recordar que su rol es arbitrar, no intervenir, y que su deber es proteger la democracia, no socavarla.

Si permitimos que estas prácticas continúen, estaremos consolidando un sistema donde solo pueden participar aquellos que no incomoden al poder. Y eso, más que un ataque contra Cabeza de Vaca, es un ataque contra todos los ciudadanos que creen en el derecho a elegir su futuro.

4o

Volver arriba