La extradición de Carlos Ahumada a México parece menos un acto de justicia y más un movimiento calculado para reescribir la narrativa de uno de los capítulos más oscuros de la política mexicana. Lejos de representar un esfuerzo genuino por resolver los casos de corrupción asociados con su nombre, este episodio se perfila como un intento del régimen de lavarse la cara y, quizá, absolverlo públicamente para debilitar uno de los mayores escándalos que han marcado a la clase política del país.
Ahumada, emblemático por su papel en los “videoescándalos” que expusieron la corrupción en la Ciudad de México hace dos décadas, regresa a un escenario político donde la justicia parece subordinada a los intereses de quienes están en el poder. La pregunta central no es si será sometido a un proceso judicial, sino si este proceso será transparente, imparcial y orientado a esclarecer los hechos, o si se convertirá en una herramienta política para reescribir la historia en beneficio del oficialismo.
¿Justicia o lavado de imagen?
El contexto en el que se produce esta extradición es clave. En un momento donde la administración actual enfrenta crecientes críticas por su manejo de la corrupción, el regreso de Ahumada podría ser presentado como un “triunfo” del sistema judicial. Sin embargo, existe un riesgo evidente: que este movimiento sea utilizado para declararlo inocente y con ello intentar enterrar uno de los episodios más icónicos de la corrupción política en México.
Si el caso se resuelve de manera superficial, con una absolución que no desentrañe los detalles ni las responsabilidades de las partes involucradas, quedará claro que el objetivo no era hacer justicia, sino proteger intereses políticos y evitar nuevos señalamientos que incomoden al régimen.
El tiempo como juez
El tiempo será el único que pueda demostrar si esta extradición se trata de un esfuerzo auténtico por buscar justicia o de un montaje cuidadosamente diseñado para controlar la narrativa histórica. Si la justicia realmente se lleva a cabo, y cada caso vinculado a Ahumada es esclarecido con pruebas, nombres y sanciones, el régimen podrá reclamar legitimidad en este proceso.
Sin embargo, si el caso sigue el patrón de opacidad y manipulación política que ha caracterizado otros episodios recientes, se evidenciará que este movimiento no era más que una herramienta para beneficiar al oficialismo y proteger su imagen frente a las críticas.
El peligro de un montaje
Si el regreso de Ahumada se convierte en un montaje, las implicaciones van más allá de la coyuntura política. En un país donde la justicia ya enfrenta una crisis de confianza, un caso como este podría erosionar aún más la credibilidad de las instituciones judiciales. Al tratarse de un personaje tan mediático, cualquier señal de favoritismo, falta de transparencia o politización será vista como un reflejo de un sistema incapaz de operar con independencia y compromiso hacia la ciudadanía.
La historia reciente de México nos ha enseñado que los casos de alto perfil rara vez se resuelven sin sospechas de manipulación. Por eso, es imprescindible que este proceso sea seguido de cerca por la sociedad civil, los medios y los observadores internacionales.
Reflexión final: entre la verdad y el artificio
El regreso de Carlos Ahumada a México podría ser una oportunidad para cerrar un capítulo de corrupción que ha manchado a la política mexicana durante años. Pero esa oportunidad solo será real si se garantiza un proceso judicial transparente, exhaustivo e imparcial. De lo contrario, este caso no será más que un espectáculo diseñado para proteger a los poderosos y perpetuar la percepción de que la justicia en México sigue siendo un asunto político.
En última instancia, el tiempo será el juez que determine si este episodio representa un avance hacia la rendición de cuentas o si es un montaje más en la larga lista de simulaciones políticas que han marcado nuestra historia. Mientras tanto, la sociedad mexicana tiene el derecho —y la responsabilidad— de exigir claridad, justicia y verdad, sin importar a quién incomode.