La validación de Claudia Sheinbaum como presidenta electa por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha desencadenado un torrente de dudas que no pueden ser ignoradas. Lejos de representar una victoria legítima del pueblo mexicano, el proceso electoral que llevó a Sheinbaum a la presidencia está marcado por una serie de irregularidades, fallos judiciales cuestionables y un escenario de creciente incertidumbre sobre lo que podría ser su sexenio. En lugar de abrir una nueva era de democracia y transparencia, la forma en que se desarrolló esta elección plantea serias preguntas sobre la real independencia de las instituciones clave del país y si, en este proceso, la democracia ha sido secuestrada por los intereses del poder y el partido oficialista.
La legitimidad de la elección: ¿realmente refleja la voluntad del pueblo?
Desde el inicio de las campañas, el proceso electoral estuvo plagado de irregularidades que fueron rápidamente minimizadas o descalificadas por las autoridades encargadas de supervisar el proceso. Las impugnaciones presentadas por la oposición, en las que se señalaban presuntas irregularidades y fraudes en los resultados, fueron desestimadas sin una revisión exhaustiva. El Tribunal Electoral, en lugar de ser un árbitro imparcial que garantiza la justicia y equidad del proceso, actuó como un mero instrumento que validó lo que ya se había decidido desde el principio. La decisión de ratificar a Sheinbaum sin tomar en cuenta estas impugnaciones deja un sabor amargo, porque no solo deja en entredicho la imparcialidad del TEPJF, sino que también fortalece la percepción de que las instituciones electorales ya no funcionan en beneficio de la democracia, sino al servicio del poder.
La manipulación de las reglas, como la sobrerrepresentación de Morena y la opacidad de ciertos procesos, pone en duda la verdadera representatividad del gobierno electo. Las elecciones no deben ser solo un trámite en el que un solo partido se asegura la victoria. Deberían reflejar la diversidad del país, el pluralismo político y la capacidad de las instituciones de garantizar una competencia justa y libre. Sin embargo, lo que estamos viendo es una democracia controlada, donde las reglas del juego son modificadas constantemente para asegurar que el poder siga en manos del mismo grupo político.
El papel del INE: ¿un árbitro imparcial o un aliado del régimen?
El Instituto Nacional Electoral (INE), que históricamente ha sido un pilar de la democracia mexicana, también ha mostrado señales de debilidad frente al poder político. En lugar de ser el garante de la equidad y la transparencia, el INE ha sido constantemente atacado por el actual gobierno. Sin embargo, más allá de las críticas, lo que ha resultado más preocupante es la pasividad con la que el INE ha manejado las denuncias de irregularidades en el proceso electoral.
El INE, que debería ser la piedra angular de un sistema electoral justo, ha sido blanco de ataques constantes del gobierno, pero su respuesta ha sido tibia. Esto genera dudas sobre su verdadera independencia y su capacidad para garantizar un proceso electoral imparcial. La presión constante sobre este organismo, la reducción de su presupuesto y las reformas que han intentado desmantelarlo, reflejan una estrategia mucho más amplia para controlar las instituciones que deberían ser contrapesos al poder ejecutivo.
El Tribunal Electoral: ¿un poder independiente o una extensión del Ejecutivo?
La ratificación de Sheinbaum por parte del Tribunal Electoral, que desechó las impugnaciones de la oposición sin una revisión profunda de los hechos, refuerza la percepción de que las instituciones clave en México ya no operan de manera independiente. El TEPJF, cuyo papel debería ser garantizar la legalidad y la transparencia de las elecciones, se ha convertido en una extensión del poder político central. Esto no solo socava la confianza en las instituciones electorales, sino que también abre la puerta a un sistema donde las decisiones judiciales están alineadas con los intereses del gobierno y el partido dominante, más que con los principios constitucionales que deberían regir su accionar.
La falta de independencia del Tribunal Electoral en este proceso es un síntoma claro de un sistema judicial que está siendo cooptado por el poder político, lo que pone en grave riesgo la equidad del futuro electoral en México.
Un sexenio incierto: el precio de la concentración del poder
Lo más preocupante no es solo la forma en que Claudia Sheinbaum llegó al poder, sino lo que esto augura para el futuro. Un sexenio que comienza con una elección cuestionada y con las instituciones de control político completamente subordinadas a los intereses del partido en el poder no puede augurar nada bueno para la democracia en México. Este gobierno no se verá como una continuación del legado democrático, sino como una consolidación del autoritarismo bajo una fachada de democracia.
La concentración de poder en manos del Ejecutivo, el debilitamiento de los contrapesos y la persecución de la oposición son solo algunas de las señales que indican que el futuro de México podría estar en riesgo. Con un sistema judicial y electoral que parecen haber perdido su independencia, y con un presidente que tiene en mente un proyecto político que no es necesariamente democrático, la incertidumbre sobre el futuro del país es más que evidente.
Reflexión final: El verdadero costo de la “democracia” en México
La elección de Claudia Sheinbaum no es un triunfo para la democracia, sino una advertencia sobre la fragilidad de las instituciones en México. Con un sistema electoral que favorece a un solo partido, un Tribunal Electoral que valida los intereses del gobierno y un INE que pierde su autonomía, México se enfrenta a un futuro incierto.
El sexenio venidero, lejos de representar una oportunidad para el país, podría ser la culminación de un proceso de concentración de poder que transforma a México en una nación donde las elecciones solo sean una formalidad, y donde la democracia sea solo una palabra vacía que no refleja la voluntad del pueblo. Si no se toman medidas urgentes para garantizar la independencia de las instituciones y el respeto al sistema democrático, lo que vimos en Venezuela podría convertirse en la pesadilla de México.