La reforma judicial impulsada por el presidente López Obrador es, sin lugar a dudas, uno de los intentos más peligrosos y autoritarios de los últimos años. Con la justificación de mejorar el sistema judicial y erradicar la corrupción, lo que realmente se está buscando es debilitar a la Suprema Corte de Justicia y subordinar al poder judicial al poder político del Ejecutivo. En lugar de fortalecer la imparcialidad de la justicia, la reforma podría convertir a los jueces y magistrados en piezas manejables por el presidente, una triste y peligrosa amenaza para la democracia.
Cuando se juega con la independencia del poder judicial, no se trata de una simple modificación estructural, sino de un ataque directo a los cimientos de la democracia. El poder judicial es el último bastión que puede frenar los excesos de cualquier gobierno. Si el presidente y su partido logran manipular este poder, México no solo perderá la capacidad de exigir justicia frente a los abusos del gobierno, sino que también estará en peligro de vivir en un sistema autoritario donde las decisiones se toman sin ningún control.
El peligro de esta reforma es tan claro como alarmante. Si el poder judicial se convierte en una extensión del Ejecutivo, las leyes ya no serán lo que proteja a los ciudadanos, sino que se convertirán en herramientas de control. Las personas ya no podrán recurrir a la justicia para defender sus derechos si estos derechos van en contra de los intereses del gobierno. En resumen, esta reforma judicial no es un paso hacia una mayor justicia, sino hacia un México donde la justicia no será más que un instrumento para mantener el poder.
Imaginemos, por un momento, que las decisiones más importantes de nuestro país no son tomadas por jueces imparciales, sino por personas que responden al partido en el poder. Esto no es una democracia. La democracia se construye con contrapesos, con instituciones que se mantengan independientes y que sean capaces de desafiar las decisiones del gobierno cuando sea necesario. Cuando estos contrapesos desaparecen, el país pierde el equilibrio y empieza a derraparse hacia un sistema autoritario donde el poder es absoluto.
El poder judicial no es solo una cuestión legal, es una cuestión de principios democráticos. Si se desmantela, si se somete, México podría perder para siempre la capacidad de tener un sistema justo e imparcial. La reforma judicial, tal como está planteada, pone en riesgo todo lo que hemos construido como nación democrática. El camino hacia el autoritarismo podría ser largo, pero con este tipo de reformas, México ya ha dado uno de sus pasos más peligrosos. Es hora de reflexionar seriamente sobre lo que realmente está en juego y actuar antes de que sea demasiado tarde.