El 4 de septiembre de 2024, la Cámara de Diputados aprobó, con el respaldo absoluto de Morena, la controversial Reforma Judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta reforma, que establece la elección de jueces por voto popular, fue defendida por el gobierno como un avance hacia la “democratización” del Poder Judicial. Sin embargo, para amplios sectores de la sociedad, representa un ataque frontal a la independencia de la justicia y un nuevo capítulo en la estrategia autoritaria de un gobierno que, lejos de transformar, ha degradado las instituciones democráticas del país.
El debate sobre esta reforma alcanzó un punto crítico el 10 de septiembre, cuando manifestantes irrumpieron en el Senado, tratando de frenar su discusión. En un acto simbólico y desesperado, los ciudadanos mostraron su rechazo a una medida que amenaza con someter al Poder Judicial al control político. En respuesta, Morena trasladó la sesión al antiguo edificio de Xicoténcatl, donde, a puerta cerrada, continuaron impulsando su proyecto sin el más mínimo intento de escuchar a la ciudadanía o promover un diálogo real.
El autoritarismo de Morena queda expuesto en este episodio. En lugar de fortalecer las instituciones, el gobierno utiliza su mayoría legislativa como un instrumento para imponer su voluntad, ignorando las voces de expertos, académicos y ciudadanos que han advertido sobre los riesgos de esta reforma. La elección de jueces por voto popular, más que un avance democrático, es un retroceso diseñado para debilitar la imparcialidad judicial y convertir a los jueces en piezas del tablero político.
En cualquier democracia funcional, la independencia judicial es un pilar irrenunciable. Sin embargo, López Obrador ha demostrado un profundo desprecio por los contrapesos que limitan su poder. Desde el inicio de su administración, ha atacado sistemáticamente al Poder Judicial, tildándolo de “corrupto” y “elitista”, mientras promueve reformas que no buscan mejorar la justicia, sino someterla a sus intereses.
Los resultados de esta estrategia son tan ridículos como preocupantes. Un país que sufre niveles alarmantes de violencia, corrupción e impunidad no necesita más controles políticos, sino una justicia fuerte y autónoma. Pero Morena ha elegido el camino contrario: desmantelar la independencia judicial bajo el disfraz de la “transformación”.
El espectáculo del 10 de septiembre, con el traslado del Senado para continuar con la discusión a pesar de las protestas, es un claro reflejo del desprecio de este gobierno por la democracia. Morena no solo ignora el descontento social, sino que lo reprime con una arrogancia que raya en el cinismo. Su promesa de un cambio profundo se ha traducido en un sistema donde el Ejecutivo concentra cada vez más poder, mientras las instituciones pierden credibilidad y eficacia.
López Obrador y Morena han convertido el discurso de la Cuarta Transformación en una herramienta para justificar sus fracasos y abusos. En lugar de atender las verdaderas necesidades del país, han optado por un autoritarismo maquillado de “bienestar”, donde las decisiones más importantes se toman a espaldas de la ciudadanía y con un desprecio absoluto por las normas democráticas.
La reforma judicial no es un avance, es un ataque. Es un intento burdo de convertir la justicia en un brazo político, de someter a los jueces al mismo autoritarismo que ya ha infectado otras instituciones. Los mexicanos no deben engañarse: este gobierno no busca transformar el país para bien, busca perpetuar un modelo donde el poder no tiene límites y las voces disidentes son silenciadas.
Morena ha dejado claro que su prioridad no es el pueblo, sino el control. Y cada paso que dan en esta dirección nos aleja más de la democracia que tanto dicen defender. Es hora de que los ciudadanos despierten y cuestionen si este es el México que quieren: un país gobernado por la propaganda, la imposición y los resultados miserables de un régimen que prometió cambio y solo ha entregado más de lo mismo, pero con tintes autoritarios.