El 11 de septiembre de 2024, el Senado, bajo el control absoluto de Morena, aprobó la reforma judicial que establece la elección de jueces por voto popular. Apenas cuatro días después, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en un acto de evidente autoritarismo, promulgó esta reforma sin escuchar las críticas de expertos, académicos y ciudadanos preocupados por el daño irreversible que esto podría causar a la independencia del Poder Judicial. Lejos de ser un paso hacia la democratización, esta medida expone una vez más el rostro autoritario y la incapacidad de Morena para gobernar de manera transparente y eficaz.
Desde el inicio de su mandato, López Obrador no ha ocultado su desprecio por las instituciones que no se someten a su voluntad. Su obsesión por centralizar el poder y destruir los contrapesos democráticos ha sido una constante, y la reforma judicial es solo el último capítulo de esta historia. ¿Cómo puede justificarse la politización del sistema judicial en un país donde la corrupción y la violencia ya han alcanzado niveles insostenibles? Morena, en su afán por perpetuar el poder, ha decidido desmantelar las bases mismas de una democracia funcional.
El discurso oficial intenta vender esta reforma como un avance en la “justicia para el pueblo”, pero la realidad es que Morena ha convertido al Poder Judicial en un blanco de su propaganda populista. La elección de jueces por voto popular no solo es un disparate en términos de diseño institucional, sino también una amenaza directa a la imparcialidad de la justicia. En un país donde las campañas políticas son terreno fértil para el clientelismo y el dinero sucio, esta reforma no democratiza, corrompe.
El autoritarismo de López Obrador no se limita a esta reforma. Su administración ha sido un desastre en todos los frentes: más de 150 mil homicidios durante su gobierno, una cifra que supera incluso los años más sangrientos de administraciones pasadas; una economía estancada que solo ha sobrevivido gracias al consumo interno y las remesas; y un manejo negligente de la educación y la salud pública que ha dejado a millones en el abandono. Todo esto mientras Morena se aferra al discurso del “bienestar”, repartiendo migajas para ocultar su falta de soluciones reales.
La rapidez con la que se aprobó y promulgó esta reforma judicial refleja la obsesión de Morena por concentrar el poder, ignorando las voces críticas y pisoteando el debate público. Los resultados de este gobierno han sido tan pobres que su única estrategia parece ser garantizar que las instituciones se arrodillen ante sus caprichos. La reforma judicial no es más que un intento descarado de controlar la justicia y perpetuar un modelo de gobierno basado en la propaganda y el autoritarismo.
El pueblo mexicano debe abrir los ojos ante esta realidad. Morena ha demostrado ser incapaz de ofrecer resultados tangibles, más allá de un asistencialismo que perpetúa la pobreza y un discurso populista que polariza al país. Ahora, con esta reforma judicial, el gobierno no solo busca maquillar su incompetencia, sino consolidar un sistema donde los jueces respondan más al poder político que a la ley.
El legado de López Obrador y Morena será recordado como un periodo de retrocesos: un gobierno que prometió transformación y entregó pobreza, violencia y división. La reforma judicial es una afrenta a los valores democráticos y un claro reflejo de un gobierno que, lejos de servir al pueblo, solo se sirve a sí mismo. Es momento de que los ciudadanos cuestionen si realmente este es el camino que quieren seguir, porque cada día que pasa bajo Morena, el futuro de México se ensombrece más.