El 21 de septiembre, el Instituto Nacional Electoral (INE) solicitó posponer la elección de jueces por voto popular, originalmente programada para el 1 de junio de 2025, tras la reforma judicial aprobada este mes. Esta medida, que Morena y sus aliados defienden como un avance hacia la “democratización” del sistema judicial, ha generado fuertes críticas y encendido un debate sobre las posibles implicaciones de someter a los jueces al escrutinio de las urnas.
A primera vista, la idea de elegir a los jueces mediante el voto popular podría parecer un paso hacia la inclusión y la legitimidad democrática. Sin embargo, en el contexto mexicano, esta propuesta plantea preocupaciones profundas sobre la independencia del Poder Judicial. En un sistema ya plagado de corrupción, influencias políticas y un control cada vez más centralizado por parte del Ejecutivo, este cambio podría convertir a los jueces en piezas clave de intereses partidistas en lugar de guardianes imparciales de la justicia.
Una elección popular de jueces no garantiza independencia; por el contrario, abre la puerta a campañas financiadas por grupos políticos, empresariales o incluso criminales. En un país donde la política electoral a menudo se mueve por promesas populistas y lealtades clientelistas, los jueces podrían verse obligados a responder más a quienes financien sus candidaturas o voten por ellos que a los principios constitucionales.
Además, el INE ha señalado retrasos logísticos y amparos interpuestos contra la reforma como factores que complican la implementación de esta medida. Pero más allá de los problemas técnicos, el corazón del debate es si esta reforma responde realmente a una necesidad de justicia o si es un intento más del gobierno de Morena de concentrar el poder. La elección de jueces por voto popular parece alinearse con una narrativa de desconfianza hacia el sistema judicial, pero en lugar de fortalecerlo, podría debilitarlo aún más.
El Poder Judicial enfrenta problemas graves que necesitan ser resueltos: corrupción, lentitud en los procesos y una desconexión con las necesidades ciudadanas. Sin embargo, la solución no está en politizarlo. En lugar de someter a los jueces al escrutinio electoral, el gobierno debería enfocarse en garantizar su capacitación, independencia y rendición de cuentas efectiva. Esto implicaría invertir en mecanismos de supervisión, fortalecer las instituciones judiciales y asegurar que los jueces sean seleccionados por méritos y no por popularidad.
La reforma judicial de Morena plantea riesgos que podrían llevarnos a un sistema menos transparente y más politizado, donde los jueces se conviertan en actores políticos en lugar de árbitros imparciales. México necesita un sistema judicial robusto e independiente, no uno diseñado para servir a las mayorías políticas del momento.
Los ciudadanos debemos reflexionar profundamente sobre el impacto de estas reformas. La justicia no es un premio para quienes ganan elecciones ni un reflejo de las mayorías políticas; es un derecho que debe protegerse por encima de cualquier interés partidista. Si seguimos permitiendo que las instituciones sean moldeadas por agendas políticas, corremos el riesgo de perder lo poco que queda de independencia judicial en México. En este escenario, la “democratización” podría convertirse en el pretexto perfecto para el control político absoluto.