El 8 de octubre de 2024, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), presentó la tan esperada nueva estrategia de seguridad del gobierno federal. Con un enfoque basado en cuatro pilares —fortalecimiento de la inteligencia, coordinación interinstitucional, proximidad con la ciudadanía y profesionalización de las fuerzas de seguridad—, la propuesta parece ambiciosa. Sin embargo, la pregunta es inevitable: ¿esta estrategia realmente marcará un cambio significativo o estamos frente a un reciclaje de promesas que no han dado resultados?
La inseguridad en México es una de las crisis más persistentes y desgarradoras del país. Durante el actual sexenio, la violencia no solo no ha disminuido, sino que se ha mantenido en niveles alarmantes. Los homicidios dolosos, la desaparición de personas y la expansión de los cárteles de la droga son problemas que han superado a todas las administraciones recientes, incluida la actual. Por ello, las expectativas en torno a este nuevo plan son altas, pero también lo es el escepticismo.
El fortalecimiento de la inteligencia, uno de los puntos clave de la estrategia, suena bien en el papel. Sin embargo, históricamente, la falta de coordinación entre agencias y la politización de los órganos de seguridad han minado cualquier esfuerzo en esta dirección. ¿Cómo se garantizará que esta vez sea diferente? ¿Cómo se evitará que la inteligencia recolectada se use para fines políticos en lugar de para combatir al crimen organizado?
Otro pilar importante es la proximidad con la ciudadanía. Aunque es esencial construir confianza entre las fuerzas de seguridad y la población, esta relación se ha deteriorado debido a años de abusos, impunidad y falta de resultados. Para que este enfoque funcione, se necesitarán esfuerzos reales para erradicar la corrupción y mejorar las condiciones laborales de los policías. Sin estas acciones, la “proximidad” corre el riesgo de ser solo una frase vacía.
La profesionalización de las fuerzas de seguridad es otro punto que destaca. Sin embargo, este objetivo choca con la creciente militarización de la seguridad pública. La administración de Morena ha puesto un peso excesivo en las fuerzas armadas, entregándoles tareas que van desde la seguridad hasta la administración de aduanas y aeropuertos. Esto no solo debilita a las policías civiles, sino que también erosiona la confianza ciudadana. ¿Cómo se puede hablar de profesionalización cuando se sigue relegando a las instituciones civiles?
Finalmente, la coordinación interinstitucional es un tema que México ha enfrentado durante décadas sin resultados concretos. Si bien se ha reconocido la necesidad de trabajar juntos, los intereses políticos y la falta de claridad en las competencias han impedido avances reales. La experiencia pasada nos obliga a ser cautelosos ante este tipo de promesas.
La nueva estrategia de seguridad llega en un momento crítico, pero también plantea dudas sobre si el gobierno actual tiene realmente la voluntad y capacidad de implementarla. Hasta ahora, la administración ha mostrado una tendencia a concentrar el poder en lugar de fortalecer a las instituciones. Sin un cambio estructural profundo, esta estrategia corre el riesgo de ser solo otro anuncio bien elaborado que se pierde en la práctica.
Los ciudadanos ya no pueden conformarse con planes sin resultados. Es hora de exigir transparencia, rendición de cuentas y un compromiso real con la paz y la seguridad. Porque detrás de cada cifra de homicidios o desapariciones hay vidas que se pierden, familias que sufren y comunidades que se desmoronan. México no puede permitirse otro fracaso en materia de seguridad. La pregunta que queda es si el gobierno de Morena está a la altura del desafío, o si, como muchos temen, esto será solo más de lo mismo.