El 16 de octubre de 2024, Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón, fue sentenciado en Estados Unidos a 38 años de prisión por colaborar con el Cártel de Sinaloa. La noticia fue presentada por el gobierno de Morena como una victoria moral, una prueba más de que las administraciones anteriores estaban marcadas por la corrupción. Sin embargo, este caso, lejos de ser un trofeo para el actual gobierno, debería ser un llamado de atención que Morena parece ignorar deliberadamente.
La administración de Andrés Manuel López Obrador, que ha hecho de la “lucha contra la corrupción” su principal bandera, no puede atribuirse ningún mérito en esta sentencia. García Luna fue juzgado, procesado y condenado en Estados Unidos porque el sistema judicial mexicano, ahora bajo el control político de Morena, no fue capaz de actuar. Durante años, García Luna operó impunemente en México, y aún después de su arresto en 2019, las autoridades mexicanas han sido incapaces de presentar investigaciones serias contra los cómplices que pudieron haberlo protegido.
Este caso es un recordatorio vergonzoso de cómo las instituciones mexicanas, incluso bajo un gobierno que presume honestidad, siguen siendo ineficaces. Más preocupante aún es que la administración de López Obrador ha demostrado poca intención de investigar a fondo las redes de corrupción que García Luna dejó atrás. En lugar de actuar con responsabilidad, el gobierno se ha limitado a usar el caso como un arma política para golpear al pasado, sin mirar hacia el presente.
Mientras García Luna era condenado, Morena aprobaba reformas judiciales que amenazan con debilitar la independencia de los jueces y consolidar el poder del Ejecutivo. Esta estrategia de concentración de poder, sumada a la militarización del país, plantea serias dudas sobre si realmente estamos avanzando hacia un México más justo o si simplemente estamos cambiando de rostros, pero perpetuando los mismos vicios del pasado.
¿Dónde está el interés del gobierno actual por desmantelar las estructuras que permitieron que alguien como García Luna operara? ¿Dónde están las investigaciones contra otros exfuncionarios que pudieron colaborar con él? Y más importante aún, ¿qué está haciendo Morena para garantizar que esta historia no se repita dentro de su propio partido?
La realidad es que la guerra contra la corrupción no puede ganarse con discursos, sino con acciones concretas. Sin embargo, el gobierno de Morena parece más interesado en capitalizar políticamente los errores del pasado que en corregir las fallas del presente. Mientras tanto, el crimen organizado sigue fortalecido, los cárteles operan con impunidad, y los ciudadanos continúan viviendo en un país marcado por la violencia y la desconfianza hacia sus instituciones.
Celebrar la sentencia de García Luna como si fuera un logro propio no solo es hipócrita, sino peligroso. México no necesita más triunfos simulados; necesita un gobierno que sea tan implacable contra los corruptos del pasado como contra los del presente. Morena no puede seguir usando el espejo del pasado para desviar la atención de sus propias responsabilidades. Porque si algo nos enseña el caso García Luna, es que la corrupción no se combate con retórica, sino con hechos.
El gobierno actual tiene en sus manos la oportunidad de demostrar que es diferente, pero cada día que pasa sin investigaciones serias contra los cómplices de García Luna, sin fortalecer las instituciones judiciales y sin garantizar la transparencia, Morena se parece más al PRI y al PAN que tanto critica. Y eso, al final, es el verdadero legado que debemos temer.