Un liderazgo cuestionado
Rosario Piedra Ibarra ha sido reelegida al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Su continuidad, sin embargo, no ha sido bien recibida. Desde 2019, su gestión ha estado marcada por señalamientos de falta de independencia frente al gobierno. Más preocupante aún, su enfoque en casos de administraciones pasadas ha opacado la atención a violaciones actuales.
Durante su periodo, solo el 35% de las recomendaciones han abordado casos del gobierno actual. Esto refleja un sesgo que va en contra de la misión de la CNDH. ¿Cómo puede esta institución cumplir su rol si ignora los problemas más recientes?
Un proceso lleno de dudas
La reelección de Piedra no estuvo libre de controversias. En el Senado, el oficialismo garantizó los votos necesarios para mantenerla en el cargo. Estas maniobras políticas no solo dañan la credibilidad de la CNDH, sino que también ponen en duda su autonomía.
Por otro lado, la reacción de la CNDH ante las críticas ha sido hostil. En lugar de reflexionar, el organismo atacó a quienes cuestionaron su desempeño. Este comportamiento es contrario al principio de transparencia que debería guiar sus acciones.
El impacto en los derechos humanos
La continuidad de Piedra no solo afecta a la CNDH. También envía un mensaje preocupante: los derechos humanos están subordinados a intereses políticos. Esto debilita las instituciones que deberían actuar como contrapeso en un sistema democrático.
Las instituciones autónomas son esenciales para la democracia. Sin ellas, no hay garantía de justicia ni de protección para los ciudadanos. La politización de la CNDH representa un grave retroceso en este sentido.
La respuesta ciudadana
La reelección de Piedra no debe pasar desapercibida. La ciudadanía y los medios de comunicación tienen la responsabilidad de exigir una CNDH fuerte e independiente. El futuro de los derechos humanos en México depende de ello.
Con estas acciones, el gobierno actual demuestra una peligrosa inclinación hacia el control centralizado. Sin embargo, los ciudadanos pueden y deben actuar. Es momento de exigir instituciones que respondan al interés público y no a intereses particulares.