En tiempos recientes, México ha sido escenario de una tragedia que no solo mancha de sangre nuestra política, sino que también pone en entredicho la seguridad de nuestras instituciones democráticas. ¿A qué punto hemos llegado cuando participar en la política se convierte en un riesgo mortal?
Desde el inicio de los recientes procesos electorales, más de 50 políticos han sido asesinados a lo largo y ancho del país, una cifra que no solo es alarmante sino que también refleja una crisis profunda en nuestra sociedad. Este fenómeno de violencia política parece no tener fin, y cada nombre añadido a la lista de víctimas nos recuerda la urgencia de una solución.
Uno de los casos más recientes que ha sacudido al país es el asesinato del alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos, quien apenas había asumido su cargo el 1 de octubre de 2024 antes de ser brutalmente asesinado y decapitado. Su cuerpo fue hallado en un vehículo en una región conocida por estar bajo el control del crimen organizado, lo que no solo refleja la violencia desatada sino el poder que estos grupos ejercen sobre ciertos territorios.
En la Ciudad de México, la violencia ha alcanzado a quienes deciden servir desde la política. Diana Sánchez Barrios, una diputada suplente del PRI, fue víctima de un ataque armado en el emblemático Centro Histórico el 17 de octubre de 2024. Junto a dos personas más, fue baleada desde una motocicleta, un acto que no solo demuestra la impunidad reinante, sino también la vulnerabilidad de quienes ocupan cargos públicos en lo que debería ser un santuario de seguridad.
La lista de tragedias no se detiene ahí. Vicente Verástegui, un diputado local del PAN en Tamaulipas, vivió un intento de secuestro el 14 de octubre de 2024, sobreviviendo milagrosamente tras recibir más de 30 disparos y caminar horas entre cañaverales para salvar su vida. Este evento pone de manifiesto el riesgo constante al que están expuestos los líderes políticos en estados donde el control del crimen organizado es evidente.
En Guerrero, la violencia ha tocado a los ex alcaldes. Marcelino Ruiz Esteban y su esposa Guadalupe Guzmán, ambos figuras políticas retiradas, fueron ejecutados en un acto que demuestra cómo la violencia no distingue entre activos o retirados de la política; todos son blancos. Este patrón de asesinatos no solo atemoriza a los políticos, sino que también desmoraliza a una ciudadanía que ve cómo la política se convierte en un campo de batalla.
Otro caso que no podemos pasar por alto es el de Virginia y Adriana Ortiz García, artesanas triquis y activistas del Movimiento de Unificación de Lucha Triqui (MULT) en Oaxaca, asesinadas el 5 de noviembre de 2024. Este doble homicidio generó indignación nacional, aunque a pesar de la detención de dos sospechosos, la justicia parece seguir siendo una promesa lejana.
La crisis no es nueva, pero sí parece incontrolable. La impunidad, que alimenta esta barbarie, es abrumadora; el 90% de los crímenes en México quedan sin resolver, y cuando se trata de asesinatos políticos, esta cifra es aún más alta. ¿Cómo podemos hablar de una democracia justa y segura cuando los candidatos son eliminados sistemáticamente?
El régimen insiste en que todo está bajo control, pero la realidad es otra. Ni gobernantes, ni activistas, ni ciudadanos están seguros. La violencia no distingue colores partidistas; PRI, PAN, PVEM, Morena… todos son víctimas de un crimen que ya no teme a nada ni a nadie. Esta no es una crisis de partidos, es una crisis del país entero. Nos lleva a preguntarnos: ¿dónde quedan los valores democráticos cuando la política se paga con sangre?
México necesita más que discursos y promesas; requiere acciones concretas para garantizar la seguridad de sus líderes y, más importante aún, de su gente. No estamos hablando solo de proteger a los políticos, sino de proteger la democracia misma. Porque cada asesinato es un golpe a la esperanza de un país que anhela vivir en paz.
La sangre derramada en estos tiempos recientes no debe ser en vano. Que cada muerte sirva como un recordatorio de lo que está en juego y como un llamado urgente a la acción. Porque si no cambiamos el rumbo, ¿cuántos más tendrán que morir para que México recupere su dignidad y su democracia?