Cualquiera diría que llegué tarde a escribir sobre las elecciones judiciales en México, pero la verdad es que no. Aunque el proceso ya se llevó a cabo, aún no sabemos los resultados definitivos, y de hecho, faltan dos semanas para conocerlos. Ese retraso, lejos de ser un simple trámite, es un reflejo del caos y la opacidad que han marcado esta reforma al Poder Judicial impulsada por Morena. Como ciudadano, me preocupa profundamente el rumbo que está tomando nuestro país, y no puedo quedarme callado ante lo que parece un asalto descarado a la independencia judicial, envuelto en la falsa promesa de una “democratización” que amenaza con socavar el estado de derecho.
La idea de que los ciudadanos elijan a jueces y magistrados suena atractiva en un país hastiado de corrupción y privilegios. Pero la realidad es cruda: el proceso electoral fue un desastre. La baja participación ciudadana refleja no solo desinterés, sino una profunda desconfianza en un sistema diseñado para beneficiar a los aliados del gobierno. La Organización de Estados Americanos (OEA) lo dijo sin rodeos: la ausencia de filtros rigurosos para los candidatos abre la puerta al crimen organizado y a la politización de la justicia. ¿Cómo es posible que un país con el historial de infiltración del narco en las instituciones crea que elecciones populistas garantizarán jueces íntegros? Es una apuesta irresponsable, y los mexicanos lo saben.
El caso de Hugo Aguilar Ortiz, un abogado de origen indígena mixteco que aspira a presidir la Suprema Corte, ilustra el doble filo de esta reforma. Su historia personal es inspiradora, pero su candidatura, como muchas otras, está manchada por la opacidad del proceso. ¿Quiénes seleccionaron a estos candidatos? ¿Qué intereses los respaldan? El Instituto Nacional Electoral (INE), que debería ser un árbitro imparcial, se vio desbordado por un sistema que parece diseñado para premiar la lealtad política sobre la capacidad técnica. La falta de transparencia en los criterios de selección y la premura con la que se implementó esta reforma son una bofetada a la inteligencia de los mexicanos.
La ONU ha encendido las alarmas, y con razón. Su decisión de investigar posibles violaciones a los derechos humanos de jueces y magistrados, así como el impacto en la independencia judicial, es un recordatorio de que México está bajo la lupa internacional. Esta reforma no solo afecta a los jueces, sino a todos los ciudadanos que dependen de un Poder Judicial autónomo para defender sus derechos frente al abuso del poder. Cuando los jueces son elegidos por voto popular en un contexto de polarización, intimidación y falta de controles, el riesgo de que se conviertan en títeres del gobierno o de grupos de poder es innegable.
El argumento del gobierno de que esta reforma “acerca la justicia al pueblo” es una cortina de humo. Lo que realmente busca es consolidar el control del Ejecutivo sobre el Poder Judicial, un pilar esencial para cualquier democracia funcional. En un país donde el crimen organizado opera con impunidad, donde la violencia se desborda y donde los derechos humanos son vulnerados a diario, un Poder Judicial débil es una sentencia de muerte para la justicia. La baja participación en las elecciones judiciales no es un accidente, sino un síntoma de que los mexicanos no se tragan el cuento de una democratización que huele a autoritarismo.
Es hora de decirlo sin rodeos: esta reforma es un retroceso histórico. México necesita jueces capacitados, independientes y valientes, no candidatos populares manipulados por intereses políticos o criminales. Si el gobierno realmente quisiera combatir la corrupción judicial, fortalecería las instituciones existentes, no las desmantelaría para reemplazarlas con un experimento populista condenado al fracaso. La justicia no se construye con votos mal informados, sino con instituciones sólidas y transparentes. México merece algo mejor que este circo disfrazado de democracia.