El 17 de junio de 2025, mientras México discutía reformas y lunas llenas, en Tepalcatepec un comando armado descargó su furia contra Martha Laura Mendoza Mendoza, alcaldesa reelecta de Morena, y su esposo Ulises Sánchez Ochoa. Los mataron a quemarropa al salir de casa, en plena cabecera municipal que se presumía “segura”. Sin escoltas, sin aviso, con la brutalidad que ya es rutina en la Tierra Caliente.Hay dos formas de ver este atentado. La primera, la que indigna hasta el tuétano: una mujer que había ganado elecciones por márgenes mínimos, que posteaba fotos familiares y eventos locales, ejecutada como si el cargo público fuera una condena a muerte. Su hijo herido, la familia destrozada, y un municipio que queda a la deriva en medio de una guerra entre cárteles que nadie gana, pero todos pagamos.La segunda lectura es la que avergüenza: Mendoza era cuñada de Juan José Farías, “El Abuelo”, líder de Cárteles Unidos, eterno rival del CJNG. La Fiscalía lo investigaba por vínculos familiares que huelen a colusión, aunque nunca se probó nada formal. En un pueblo donde el narco dicta reglas paralelas, ¿quién protege a quien se atreve a gobernar? ¿O era ella parte del engranaje que ahora se rompe?Este no es un crimen aislado que se resuelve con una carpeta de investigación. En 2025, ya van al menos siete alcaldes asesinados en México, varios en Michoacán solo. Números que gritan fracaso: la Guardia Nacional, las estrategias federales, las promesas de pacificación no llegan a los municipios donde el poder real lleva fusil. Seis meses después, en este 2026 que inicia, no hay detenidos públicos, no hay responsables señalados, solo silencio oficial y más violencia en puerta.Lo que une estos asesinatos no es casualidad geográfica, sino la impunidad que engorda a los monstruos. El Estado ausente deja que el crimen organizado elija quién gobierna y quién muere. La política en esas zonas necesita valentía real, no discursos desde Palacio Nacional. Necesita desmantelar redes, no solo condenar en mañaneras.El escándalo de Tepalcatepec debería sacudir al país entero: ¿hasta cuándo permitiremos que alcaldesas y alcaldes paguen con sangre el derecho a servir? Porque mientras el poder mira para otro lado, los cárteles siguen cobrando. Y cualquier complicidad, por omisión o por acción, nos hace a todos responsables. ¡Basta ya de esta vergüenza nacional!