En junio de 2025, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicó los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU): 63.2% de la población mayor de 18 años en zonas urbanas consideró inseguro vivir en su ciudad. El porcentaje más alto en dos años y medio, un repunte que rompe la tendencia a la baja de los últimos trimestres y que afecta especialmente a las mujeres, con un 68.5% que se siente vulnerable en su propio entorno.Hay dos formas de leer esta cifra. La primera, la oficial y optimista que repite el gobierno federal: los homicidios dolosos van a la baja —alrededor de 20% menos en los primeros meses de 2025 comparado con 2024—, gracias a la estrategia de atención a causas, inteligencia y coordinación.
Se presume éxito porque las carpetas de investigación por asesinato disminuyen y la Guardia Nacional se fortalece.La segunda lectura, la que duele y no se dice en Palacio Nacional, revela una desconexión brutal entre las estadísticas oficiales y la realidad cotidiana. Porque mientras los números de muertos bajan (o se reclasifican), la gente sigue sin salir de noche, sin usar el transporte público con tranquilidad, sin dejar que sus hijos jueguen solos en la calle. El 72.2% teme los cajeros en la vía pública, el 65% el transporte colectivo. En ciudades como Culiacán el 90.8% se siente inseguro; en Ecatepec, 90.7%; en Uruapan, 89.5%. Números que no mienten: la violencia no desapareció, se transformó, se escondió, se volvió extorsión cotidiana, control territorial silencioso, desapariciones que no generan balaceras pero sí terror permanente.Datos duros que sostienen la indignación: este 63.2% representa un aumento significativo respecto al 59.4% de junio 2024 y al 61.9% de marzo 2025.
Es el nivel más alto desde diciembre 2022. Y aunque el SESNSP reporta reducción en homicidios —alrededor de 1,800 mensuales en promedio—, la percepción sube porque la impunidad sigue reinando: más del 93% de los delitos no se denuncian, según la ENVIPE. Uno se pregunta cómo celebra el gobierno avances cuando tres de cada cuatro mexicanos ven la inseguridad como el problema principal del país.La crítica va directa al corazón del poder: la administración de Claudia Sheinbaum heredó una estrategia que prioriza discursos sobre resultados concretos en el terreno.
Se presume coordinación con estados, pero en Michoacán, Sinaloa o Guanajuato el crimen organizado sigue cobrando piso, desapareciendo personas y matando selectivamente. La Guardia Nacional, tan alabada, no llega a las colonias donde la gente ya no denuncia porque no confía. Y mientras se invierten recursos en estructuras, la inteligencia falla en prevenir el reacomodo criminal que genera miedo sin necesidad de masacres diarias.Lo que une esta percepción creciente con la realidad nacional no es casualidad, sino una falla estructural profunda: un Estado que mide éxito por cuerpos contados en lugar de vidas protegidas. La impunidad que permite al narco gobernar plazas paralelas, la ausencia de justicia pronta que desanima denuncias, las complicidades locales que nadie toca.
México no necesita más mañaneras con gráficos descendentes; necesita presencia real, desmantelamiento de redes criminales y confianza restaurada.Este repunte en el miedo debería servir de espejo implacable para todo el sistema político. Porque mientras seis de cada diez mexicanos viven atrapados en la inseguridad, cualquier celebración oficial suena a burla. Y el silencio o la negación ante esta verdad nos convierte, a todos, en cómplices de un país que se desangra en cámara lenta.