El 26 de junio de 2025, la Cámara de Diputados aprobó con mayoría morenista la reforma a la Ley de la Guardia Nacional enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum. El cambio consolida su adscripción operativa a la Secretaría de la Defensa Nacional, amplía sus facultades de investigación, permite mando militar directo en tareas policiacas y elimina cualquier pretensión de control civil efectivo. Un paso más hacia la militarización abierta de la seguridad pública.
Hay dos formas de leer esta aprobación. La primera, la que celebra el oficialismo: un avance necesario para fortalecer una institución que ha demostrado eficacia en contención de delitos, con más de 130 mil elementos desplegados y resultados visibles en reducción de homicidios. Se argumenta disciplina militar, profesionalismo y coordinación como la receta para enfrentar al crimen organizado que ningún cuerpo civil ha podido doblegar.La segunda lectura, la que incomoda y pocos quieren admitir, expone una rendición disfrazada de estrategia.
Porque entregar la seguridad cotidiana a los militares no es fortalecerla: es reconocer que el Estado civil fracasó estrepitosamente en construir policías confiables, capacitadas y limpias. Veinte años después de que Felipe Calderón declarara la guerra al narco con el Ejército en las calles, seguimos en el mismo punto, solo que ahora sin el disfraz de temporalidad.Datos duros que alimentan la indignación: desde 2006, más de 450 mil homicidios acumulados, según cifras oficiales. La Guardia Nacional, creada en 2019 como cuerpo civil, ya estaba integrada en un 80% por elementos militares. En 2022, la Suprema Corte declaró inconstitucional su pase a Sedena; en 2023, el Congreso lo hizo de todos modos. Hoy, con esta reforma, se entierra cualquier posibilidad de transición a un modelo policial civil. Mientras tanto, el Índice de Paz México 2025 reporta que los delitos de fuero común —extorsión, robo, secuestro— siguen al alza en estados con mayor presencia militar.
La crítica no puede ser tibia: la administración de Claudia Sheinbaum optó por la vía fácil, la que evita tocar intereses locales corruptos, la que no invierte en inteligencia civil ni en depuración profunda de policías municipales y estatales. Se prefiere el uniforme verde olivo porque da foto, da orden aparente, da discursos contundentes. Pero uno se pregunta qué pasará cuando los militares, saturados de tareas que no les corresponden, se cansen o cuando los abusos se multipliquen sin contrapeso civil real. Ya hemos visto detenciones arbitrarias, uso excesivo de fuerza y opacidad en rendición de cuentas.Lo que une esta reforma con la realidad nacional no es innovación, sino continuidad de una falla estructural histórica: la incapacidad del Estado mexicano para construir instituciones civiles fuertes y confiables. Prefiere el atajo militar porque confrontar gobernadores coludidos, policías corruptas y presupuestos mal ejercidos resulta políticamente costoso. La impunidad sigue intacta, el narco se adapta y la ciudadanía queda en medio, sin derechos plenos ni seguridad efectiva.Esta aprobación debería servir de espejo brutal para todo el espectro político.
Porque celebrar la militarización como victoria es aceptar la derrota del Estado civil. Y mientras aplaudimos cuarteles convertidos en comisaría, el país sigue sin policía de verdad. Cualquier silencio ante esta entrega nos hace cómplices de un México que prefiere botas a instituciones.