El 11 de julio de 2025, en una corte federal de Chicago, Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán y líder de la facción conocida como Los Chapitos, se declaró culpable. Admitió cuatro cargos graves: dos por conspiración para traficar drogas y dos por dirigir una empresa criminal continuada. A sus 35 años, “El Ratón” reconoció haber supervisado la producción y el envío masivo de fentanilo, cocaína, metanfetamina y heroína hacia Estados Unidos, además de ordenar secuestros y asesinatos para mantener el control del Cártel de Sinaloa.Hay dos formas de leer esta noticia.
La superficial: un triunfo de la justicia estadounidense, otro narco mexicano que cae y coopera para reducir su sentencia, evitando la cadena perpetua que sí le tocó a su padre. Celebran en Washington, aplauden incautaciones récord y hablan de “victoria bilateral”. Pero la lectura profunda es otra, mucho más amarga para nosotros. Ovidio no cayó por la presión implacable del Estado mexicano, sino porque México lo dejó crecer, lo protegió en silencio y, en el fondo, lo entregó como moneda de cambio en un juego diplomático que nunca controlamos. Uno se pregunta: ¿por qué un capo de su calibre llega intacto a un acuerdo en Chicago, mientras aquí seguimos contando muertos?Los datos duros queman. Los Chapitos, bajo el mando de Ovidio y sus hermanos, convirtieron al Cártel de Sinaloa en la mayor fábrica de fentanilo del mundo. En Estados Unidos, esa droga mató a más de 100 mil personas al año en su pico, entre 2021 y 2023; en total, cientos de miles de vidas destrozadas.
En México, aunque el gobierno anterior minimizaba el problema, las atenciones por consumo de fentanilo saltaron de apenas 10 casos en 2018 a 430 en 2023, concentrados en la frontera norte. Y las sobredosis no paran: urgencias que antes eran excepcionales ahora son rutina en Baja California y Sinaloa. Detrás de cada pastilla, un laboratorio clandestino que opera con impunidad porque el Estado mira para otro lado.Critiquemos con nombre y apellido. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador liberó a Ovidio en el infamous Culiacanazo de 2019: lo tenían detenido y lo soltaron para evitar “más violencia”. ¿Resultado? 29 muertos oficiales en la recaptura de 2023, decenas de militares caídos, y el mensaje claro: el narco manda más que el Ejército. Claudia Sheinbaum heredó ese desastre y, aunque presume decomisos, la realidad es que Ovidio negoció su plea deal sin que México fuera consultado. Su abogado, Jeffrey Lichtman, hasta se burló: insinuó que el gobierno actual protege a una facción rival. Sheinbaum respondió con indignación, pero ¿dónde estaba la presión mexicana para que Ovidio enfrentara justicia aquí primero? La Sedena, la Guardia Nacional, la FGR: instituciones que brillan por su ausencia cuando se trata de desmantelar de raíz estas redes.Este caso no es aislado. Revela la falla estructural de México: un Estado ausente que coexiste con el narco, que negocia en lo oscurito y que permite complicidades a todos niveles.
La impunidad no es casualidad; es política. Mientras capos como Ovidio delatan en el extranjero –y quién sabe qué nombres mexicanos saldrán en su cooperación–, aquí seguimos con laboratorios intactos, rutas abiertas y miles de familias destrozadas por la violencia y las adicciones.
Nosotros, como sociedad, no podemos seguir fingiendo sorpresa. Somos cómplices por omisión cuando toleramos un gobierno que prioriza discursos sobre resultados, que abraza a madres de desaparecidos pero no toca a los verdaderos responsables. Si Ovidio canta, que cante todo. Y que nos sirva de espejo: o enfrentamos la podredumbre estructural, o seguiremos exportando muerte mientras importamos vergüenza.