El 30 de julio de 2025, en la comunidad de La Calera, Irapuato, Guanajuato, la Fiscalía General del Estado inició excavaciones en una finca abandonada. Para el 4 de agosto, habían extraído restos desmembrados de 32 personas. Ningún detenido inmediato. La presidenta Claudia Sheinbaum, en mañanera, lo redujo a “avances en investigación”. La Fiscalía, bajo Carlos Zamarripa, prometió identificación genética. Silencio sobre culpables.Dos formas de leerlo. La superficial: un hallazgo rutinario en una zona conflictiva, producto de disputas entre cárteles como el Jalisco Nueva Generación y el de Santa Rosa de Lima.
Al fin, Guanajuato es un polvorín, y estos descubrimientos son “parte del proceso” para pacificar. Pero profundicemos. Esto revela negligencia estatal crónica, donde fosas clandestinas se multiplican por políticas de “abrazos, no balazos” que empoderan al crimen. Causas de fondo: ausencia de inteligencia federal efectiva, recortes en fondos para búsqueda de desaparecidos y una justicia local capturada por intereses políticos. Contexto social: comunidades aterrorizadas, donde familias buscan solos porque el Estado llega tarde. Implicaciones nacionales: si Guanajuato, el estado más violento, acumula cuerpos sin fin, ¿qué dice de un México que presume reducción de homicidios mientras las desapariciones escalan? No es casualidad; es síntoma de un sistema que prioriza narrativa sobre acción.Datos duros alimentan la furia. En cinco años, Guanajuato registró 521 masacres y 267 fosas clandestinas. Nacionalmente, desde 2006 se documentaron más de 3,200 fosas y 125 mil desaparecidos, con miles de casos nuevos cada año. En Guanajuato sumaron mil desapariciones más en el último año hasta agosto de 2025. Antecedentes escalofriantes: en 2024, otra fosa en Salvatierra con 31 cuerpos; en 2023, Abasolo con decenas. El Índice de Paz México muestra una tasa de homicidios mucho mayor que en 2015, con armas de fuego en la mayoría de los casos. Y las buscadoras: decenas asesinadas o desaparecidas nacionalmente; en Guanajuato, varias muertas desde 2020. Estos números no son abstractos: son vidas truncadas por omisiones.
Apuntemos con precisión. Andrés Manuel López Obrador legó una estrategia fallida que Sheinbaum perpetúa: “abrazos” que dejan libres a capos, mientras la Guardia Nacional patrulla pero no previene. Carlos Zamarripa, fiscal de Guanajuato desde 2009, sobrevive pese a críticas por ineficacia –ironía: en un estado panista, pero con federales morenistas que no coordinan. La Secretaría de Gobernación minimiza cifras, alegando “herencia” de sexenios pasados. Políticamente incorrecto, pero justo: esto es complicidad pasiva. Priorizan elecciones y megaproyectos sobre búsquedas reales, dejando a colectivos expuestos a balas. ¿Y el Ejército? En trenes y refinerías, no en fosas.Este hallazgo en La Calera no es anécdota; destapa la falla estructural de México: impunidad rampante, donde el Estado ausente permite que el crimen entierre evidencias.
Desapariciones como política de terror, complicidades entre autoridades locales y federales que diluyen responsabilidades. Uno se pregunta: ¿cuántas fosas más para admitir que la “transformación” es fachada, mientras el subsuelo grita por justicia?Debería servir de espejo, esta tierra removida. No más discursos; exijamos búsquedas independientes, fondos reales para familias. Si ignoramos estos gritos enterrados, somos cómplices del silencio que mata. México no merece un suelo que devore a sus propios hijos.