El 12 de agosto de 2025, el gobierno de México trasladó en avión a 26 presuntos líderes y operadores del narcotráfico hacia Estados Unidos. Entre ellos destacan Abigael González Valencia, “El Cuini”, cuñado de “El Mencho” y cerebro financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación; Servando Gómez Martínez, “La Tuta”, exjefe de Los Caballeros Templarios; y Juan Carlos Félix Gastélum, yerno de “El Mayo” Zambada. No fue una extradición formal, sino un “traslado especial” bajo la Ley de Seguridad Nacional, con la promesa estadounidense de no pedir pena de muerte.Hay dos formas de leer esto. La superficial: un triunfo diplomático. Claudia Sheinbaum y su gabinete lo venden como decisión soberana para proteger la seguridad nacional, deshaciéndose de criminales que, desde la cárcel, seguían operando. La profunda: una capitulación disfrazada.
Esta es la segunda entrega masiva del año –la primera, en febrero, envió 29 capos, incluyendo a Rafael Caro Quintero–. En total, 55 en 2025, un récord que huele a presión de Washington. Donald Trump designó a seis cárteles como organizaciones terroristas y amenazó con aranceles o intervenciones. ¿Coincidencia? Uno se pregunta si no estamos pagando peaje para evitar que nos traten como failed state.Datos duros que duelen: según el Departamento de Justicia de EU, estos 26 enfrentan cargos por tráfico de fentanilo, cocaína y metanfetaminas que han contribuido a más de 100 mil muertes anuales por sobredosis allá. Aquí, el narco mata directamente: más de 30 mil homicidios al año en promedio desde 2018, y 2025 no pinta diferente. El CJNG y Sinaloa controlan rutas que generan miles de millones, mientras el gobierno presume decomisos récord pero la violencia no cede. ¿Por qué? Porque estos capos llevaban años detenidos, peleando amparos, y el sistema judicial mexicano –corrupto hasta el tuétano– los mantenía en limbo, permitiendo que dirigieran desde Almoloya o el Altiplano.
Critiquemos con nombre y apellido. El gobierno de Claudia Sheinbaum, heredero directo del “abrazos no balazos”, ahora opta por balazos selectivos: entrega por montones a EU en lugar de juzgarlos aquí. La Fiscalía General de Alejandro Gertz Manero y la SSPC de Omar García Harfuch usan un resquicio legal para evadir el Tratado de Extradición, porque saben que en tribunales mexicanos estos tipos salen libres por “falta de pruebas” o sobornos. Ironía sutil: la presidenta habla de soberanía mientras exporta problemas que nosotros generamos. ¿Y el Poder Judicial? Una vergüenza. Jueces que otorgan amparos eternos, permitiendo que “El Cuini” viviera como rey en prisión durante una década.Esto no es un caso aislado. Conecta directo con la falla estructural de México: la impunidad crónica y la ausencia del Estado en territorios enteros. Los cárteles no surgieron del vacío; prosperaron por complicidades políticas, policiales y judiciales que datan de décadas. Mientras entregamos capos para calmar al vecino, aquí quedan sus estructuras intactas, reclutando jóvenes, extorsionando y matando.
El Estado se lava las manos, subcontratando la justicia a EU.Nosotros, como sociedad, no podemos seguir mirando al lado. Esta entrega debería servir de espejo: si no exigimos un sistema judicial que funcione, instituciones limpias y presencia real del Estado, seguiremos exportando monstruos que criamos en casa. La responsabilidad es colectiva. O cambiamos, o seguiremos pagando con sangre el precio de nuestra omisión.