El nuevo atraco disfrazadoEn estas semanas de agosto de 2025, mientras el país respira tranquilo tras la tormenta de extradiciones, el gobierno de Claudia Sheinbaum ya calienta motores para lo que viene: rumores y filtraciones sobre el Paquete Económico que se presentará en septiembre, con énfasis en “impuestos saludables” que subirán el IEPS a cigarros, bebidas alcohólicas y, sobre todo, refrescos y bebidas azucaradas. Lo venden como medida para combatir obesidad y diabetes, pero el olor a recaudación desesperada es inconfundible.
Dos formas de leerlo. La superficial: un acto responsable. El gobierno dice que busca desincentivar hábitos dañinos, proteger la salud de los mexicanos y financiar más programas de bienestar. La profunda: un impuesto regresivo camuflado para tapar agujeros presupuestales. Con el gasto social disparado –pensiones, becas, apoyos directos que ya devoran más del 20% del presupuesto–, y sin crecimiento económico robusto, necesitan dinero fresco. ¿Solución fácil? Subir gravámenes a productos de consumo masivo que pagan los de abajo, mientras evitan tocar a los grandes evasores o crear impuestos progresivos.Datos duros que indignan. México es campeón mundial en consumo de refrescos: más de 163 litros per cápita al año, según la OMS. El resultado: 76% de adultos con sobrepeso u obesidad, diabetes que mata a 100 mil personas anuales y cuesta al sistema de salud más de 200 mil millones de pesos. El IEPS actual a bebidas azucaradas ronda 1.64 pesos por litro desde 2025, y ya genera miles de millones. Pero antecedentes muestran que estos “impuestos saludables” no reducen tanto el consumo: tras el aumento de 2014, el consumo cayó solo 10% en hogares pobres, mientras la recaudación subió 50 mil millones extras.
El tabaco mata 63 mil al año, y el alcohol contribuye a violencia y accidentes que llenan hospitales. ¿Por qué no destinan lo recaudado exclusivamente a salud, en vez de mezclarlo en el gasto general?Critiquemos sin rodeos. El gobierno de Claudia Sheinbaum, continuador directo del modelo de transferencias directas sin contrapesos, prefiere esta vía fácil antes que una reforma fiscal real. Hablan de austeridad, pero el gasto en programas prioritarios crece sin freno, financiado con deuda o trucos como estos. La Secretaría de Hacienda, bajo whoever esté al frente en estas fechas, sabe que subir IEPS es políticamente barato: afecta a vicios, no a elites. Ironía sutil: mientras regalan miles de millones en apoyos universales –que muchos aplauden–, cargan el costo a los mismos pobres que supuestamente ayudan, porque ellos consumen más proporción de su ingreso en refrescos y cigarros.Esto revela una falla estructural profunda: el clientelismo disfrazado de justicia social. México tiene una recaudación tributaria bajísima para la OCDE –alrededor del 17% del PIB–, porque el Estado prefiere comprar lealtades con transferencias directas en lugar de invertir en educación, salud preventiva o infraestructura que genere crecimiento real. La ausencia de un pacto fiscal progresivo permite que los ricos evadan y las clases medias paguen poco, mientras los pobres subsidian el sistema con impuestos al consumo.
Complicidades históricas: gobiernos que evitan tocar fortunas o empresas, optando por saquear el bolsillo diario.Uno se pregunta cuánto más aguantaremos este círculo vicioso. Si no exigimos transparencia en el destino de estos impuestos –que realmente vayan a prevenir enfermedades, no a más clientela–, seguiremos complices por omisión. La salud pública no se salva con más gravámenes regresivos; se salva con un Estado que priorice inversión productiva sobre dádivas electorales. Nosotros pagamos la cuenta. ¿Hasta cuándo?