El 27 de agosto de 2025, en la antigua sede del Senado en Xicoténcatl, Ciudad de México, Alejandro “Alito” Moreno, líder nacional del PRI, agredió físicamente a Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva. Todo ocurrió al cierre de la sesión de la Comisión Permanente, justo después de entonar el Himno Nacional. Moreno subió a la tribuna, jaló del brazo a Noroña, lo empujó repetidamente y le propinó golpes, mientras gritaba reclamos por no haberle dado la palabra.
Un colaborador de Noroña, Emiliano González, terminó derribado y lesionado; hasta la senadora Dolores Padierna tuvo que esquivar los manotazos.
Hay dos formas de leer este escándalo. La superficial: un pleito personal entre dos políticos temperamentales, uno del PRI agonizante y otro de Morena en el poder, que escaló por un desacuerdo procedural. Moreno dice que Noroña lo provocó primero y cambió el orden del día para silenciar a la oposición. Noroña responde que fue una agresión cobarde, en “montonera”, con priistas como Carlos Gutiérrez Mancilla sumándose a los golpes.
Pero la lectura profunda es más cruda: esto no es anécdota, es síntoma. Revela cómo la polarización que el gobierno de Morena ha alimentado durante años –con discursos de “traidores a la patria” contra cualquiera que critique– termina pudriendo las instituciones. Bajo Claudia Sheinbaum, el Congreso se ha convertido en un espacio donde el oficialismo impone su mayoría absoluta sin tolerar disenso, y la oposición, acorralada y desesperada, responde con violencia primitiva. El debate previo era sobre las declaraciones de Lilly Téllez pidiendo ayuda extranjera contra el narco; Morena lo usó para acusar de traición, y el PRI explotó. ¿Resultado? Puños en vez de argumentos.Datos duros que duelen: este no es el primer conato de violencia en el Congreso durante la 4T. En 2024 y 2025, hemos visto jaloneos en la Cámara de Diputados por la reforma judicial, empujones en comisiones, y ahora golpes directos al presidente del Senado. Según reportes del Canal del Congreso, en los últimos tres años se han registrado al menos 15 incidentes de agresiones físicas o verbales extremas en sesiones, un aumento del 40% respecto al sexenio anterior.
Y mientras tanto, fuera del recinto, México acumula más de 200 mil homicidios desde 2018, con el gobierno presumiendo “reducciones” que no sienten las familias.Critiquemos con nombres: Alito Moreno, con su historial de audios corruptos y señalamientos por enriquecimiento ilícito, actúa como matón porque sabe que su partido está en extinción. Pero el gobierno de Morena, con su mayoría aplastante y su control sobre la Mesa Directiva, ha convertido el Senado en un monólogo. Noroña, con su estilo confrontacional, encarna esa arrogancia oficialista que cierra micrófonos y provoca reacciones. La omisión mayor es del Ejecutivo: Sheinbaum guarda silencio ante estos espectáculos, como si no le correspondiera poner orden en su propia bancada.Este caso particular conecta con la falla estructural más grave de México: la impunidad institucional.
En un país donde los poderosos –sean de Morena o del viejo PRI– se salen con la suya, el Congreso deja de ser foro de debate para convertirse en arena de gladiadores. Nadie paga consecuencias reales; las denuncias ante la FGR duermen el sueño de los justos, y la polarización se profundiza. Nosotros, los ciudadanos, pagamos el circo.Uno se pregunta: ¿hasta cuándo toleraremos que nuestros representantes resuelvan diferencias a golpes mientras el país se desangra en las calles? Debería servir de espejo: si ellos bajan a eso, es porque hemos permitido que la política se vuelva un lodazal. La responsabilidad es colectiva; por omisión, todos somos cómplices. Es hora de exigir decoro, o prepararnos para más puños en la tribuna.